El documento, mediante el cual se establece la nueva forma de remunerar a las centrales de generación, recibió más de 900 observaciones antes de entrar a Contraloría. Una de las interrogantes es el futuro del almacenamiento de electricidad.

En medio de la transición energética que se busca implementar en el país para elevar la participación de las tecnologías limpias, el Gobierno presentó el nuevo reglamento de potencia, documento en el cual se plasman las condiciones de pago por disponibilidad de aquellas centrales que conforman el sistema eléctrico, en un proceso participativo que se extendió por más de un año, pero que ha levantando bastante polémica entre los expertos.

Por una parte, se apunta a que la iniciativa que fue presentada no aprovecha la oportunidad para facilitar la entrada de tecnologías como el almacenamiento, fundamental para enfrentar las dificultades que existen en líneas de transmisión.

El director de estrategia regulatoria de ENC Energy, José Carrasco, quien trabajó en el Ministerio de Energía cuando se inició la discusión respecto al documento, explica que se desaprovechó la oportunidad para avanzar en la transición energética por la que se encuentra atravesando el país, disminuyendo la remuneración de las centrales y el reconocimiento de estas.

‘Lo que se esperaba es que la gran señal que se necesita era la de almacenamiento de energía y esa no está tan fuerte. Se debería dar una señal de precio para en la noche, con la idea de no generar con diésel, poner una batería de almacenamiento que es como mantener todo el día la generación solar, y esa evaluación no estuvo. Me da la impresión de que se tomaron medidas que individualmente pueden sonar bien, pero que en el global no dan una señal de largo plazo de lo que necesita el país’, dice Carrasco.

Por su parte, el director ejecutivo de GPM, Danilo Zurita, añade que el reglamento propuesto no cuenta con un diagnóstico firme de lo que se necesita actualmente, por lo que, a juicio del líder gremial, las herramientas no son las adecuadas, lo que se refleja en las más de 900 observaciones que se recibieron. ‘Aquí se está achicando el mercado, cambia un parámetro de medición de las necesidades de potencia del sistema, por lo que se reduce la torta en un tamaño importante, lo que es muy raro.

Lo segundo es que hay una herramienta de cómo se reconoce cuánta potencia entrega cada central, que no es neutral, pero es conocida, en cambio lo que se propone ahora es una herramienta de metodología que tiene tantos supuestos, que no sabemos qué va a salir de esa aplicación, y todo lo que hoy define el reglamento lo deja a decisiones posteriores, lo que genera incerteza’, asegura Zurita.

Sin embargo, Acenor, entidad que reúne a los clientes eléctricos de mayor consumo, respalda la medida presentada por el Ejecutivo, ya que gracias a esta modificación por primera vez el cliente pagaría la potencia que realmente usa y que se necesita en el sistema.

Según explica Javier Tapia, director ejecutivo de Acenor, la cantidad de potencia que usa cada cliente se computa durante horas que no necesariamente coinciden con las horas donde el sistema eléctrico está más ajustado en cuanto a oferta disponible para abastecer a la demanda. ‘Las distorsiones que actualmente tiene la normativa de potencia implican que los consumidores tienden a ahorrar potencia cuando el sistema no la necesita’.

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (Acen), Sebastián Novoa, añade que al menos hoy, la potencia de suficiencia no es un instrumento discrecional de política energética, por lo que su precio se debe calcular en línea con los objetivos de suficiencia y la eficiencia de las tecnologías disponibles.

“Buscar subir el precio a los consumidores para subsidiar nuevas tecnologías o ingreso de nuevos actores no nos parece adecuado. Si el Estado tiene intención de realizar subsidios, para ello debería acudir al presupuesto nacional”, dijo el presidente de Acen.

Eso sí, Novoa advierte que “extrañamos modificaciones en el sentido de que los clientes libres puedan realizar gestión de demanda, beneficiar el sistema y recibir remuneración por ello”, indicó.