Producto del término del congelamiento de las tarifas, se espera que durante el segundo semestre se inicie el nuevo cálculo, el que debe considerar el precio real de los contratos firmados en las licitaciones de suministro para clientes regulados.

Uno de los temas sensibles que tendrán que abordar las nuevas autoridades es el alza de las cuentas de la luz. Esto porque según los cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) durante este semestre se llegaría al límite establecido del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, mecanismo implementado para congelar alzas que se debían producir justo después del estallido de 2019.

Según el último Informe Técnico de la CNE en la materia, hasta fines de septiembre de 2021, el fondo acumulaba un saldo de US$ 1.136 millones. De este monto, que se adeuda a las generadoras por concepto de alzas de precio no cobradas a clientes, US$ 945 millones corresponden a lo acumulado entre octubre de 2019 y marzo de 2021, mientras que cerca de US$ 181 millones se generaron entre abril y septiembre de 2021.

En tanto, las proyecciones apuntaban a que entre septiembre y diciembre de 2021 se sumarán US$ 75 millones, y en el primer semestre de este año otros US$ 150 millones, para así cerrar al 30 de junio de 2022 con un monto total de US$ 1.350 millones, suma correspondiente al mencionado límite.

Es por esta razón que durante el segundo semestre de 2022 se deberá realizar el cálculo de las tarifas eléctricas aplicando los cargos correspondientes, que reflejarán los precios de la energía asociados a los contratos reales suscritos por las generadoras en las licitaciones de clientes regulados, y no al valor estabilizado, lo que según las proyecciones del académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, se traduciría en un 21% de aumento en promedio.

Dicha variación, dependiendo de la ciudad del país fluctuaría entre un 15% en ciudades como Valdivia o Puerto Montt, hasta un 23% en Santiago, y 22% en Arica y Antofagasta. Esto, considerando un consumo mensual de 240 MW/h (ver infografía). El alza se concretará exclusivamente después de que se emita el próximo decreto tarifario, por lo que debiese suceder en el primer semestre del 2023.

Piden extender mecanismo

La situación será enfrentada por las nuevas autoridades. Verdejo apunta a que existen herramientas para suavizar el alza, como postergar el nuevo decreto que establece el aumento de las cuentas, lo que, sin embargo, generaría problemas en las cadenas de pagos de las empresas y mayores alzas en las tarifas futuras, asociadas a los saldos pendientes.

Es por ello que varios expertos apuntan a que se impulse un nuevo mecanismo de estabilización, en el que se adelante el beneficio que se verá en los próximos años, con la entrada en operación de los contratos entre generadoras y distribuidoras más baratos que se han firmado en los últimos ejercicios.

‘Hay que recordar que la CNE actual, mediante postergación de decretos tarifarios, generó una cantidad no menor de saldos pendientes que obligaron a la definición del mecanismo de estabilización del precio de la energía. Francamente resulta necesario pensar en un nuevo mecanismo de estabilización que permita suavizar las alzas de tarifas que se experimentarán durante los próximos años’, advierte Verdejo, apuntando a que un nuevo mecanismo de estabilización sería la solución ‘más lógica y razonable’, puesto que no existe acuerdo para considerar una renegociación de contratos asociadas a las licitaciones de suministro.

En esta línea, el coordinador del Área de Riesgo y Regulación de Ecom Energía, Alejandro Ramírez, explica que el Precio Estabilizado al Consumidor, congeló los valores a partir del segundo semestre de 2019, lo que será pagado con la entrada de nuevos contratos con precios más bajos. Ello significa que los precios no se reducirían hasta la finalización del mecanismo de estabilización actual, en diciembre de 2027.

Por lo anterior, Ramírez apunta a que una solución podría ser aplicar un nuevo mecanismo de estabilización únicamente a clientes residenciales, ‘lo que permitiría extender el beneficio del mecanismo a los hogares y que los efectos de estas alzas sean menores.

Para las empresas con mayores consumos de energía una alternativa de rápida implementación es la de reducir el límite de la potencia para la migración al mercado libre, lo que ayudaría a más empresas negociar contratos más baratos, reduciendo el universo de clientes acogidos al PEC (Precio Estabilizado a Cliente regulado) y alivianando la presión de la nueva deuda’.

Fuente: El Mercurio